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viernes, septiembre 25, 2020

Crearán por ley, un Banco de Vinos en Mendoza

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La creación de un  “Banco  de  Vinos”  de  la  Provincia  de  Mendoza, por mayoría de votos, obtuvo sanción final de la Cámara de Diputados. Esta propuesta del Poder Ejecutivo tiene como objetivo estabilizar los ciclos de precios del mercado de traslado de los productos vitivinícolas y lograr una justa distribución de la  renta  vitivinícola  entre  todos  los  eslabones  de  la cadena productiva. 

El instrumento principal del “Banco de Vinos” para cumplir con su objetivo será la formulación, ejecución y control de un sistemático Programa de Control de Stocks Vínicos y estará administrado por un Director Ejecutivo, designado por el Ministro de Economía y Energía, designación que deberá recaer en un funcionario de su cartera o del organismo que en el futuro lo reemplace.  

De acuerdo a las disposiciones de esta Ley, el Director Ejecutivo será asesorado por un Consejo Asesor ad Honorem integrado por 4 representantes de la producción primaria por cada uno de los oasis productivos de Mendoza (Este, Valle de Uco, Sur y Norte); 1 representante de las bodegas trasladistas; 1 representante de la industria fraccionadora y 1 representante de las cooperativas vitivinícolas. 

Además, establece que el cargo de Director Ejecutivo será incompatible con el ejercicio de actividades privadas relacionadas con el vino y demás productos vitivinícolas, sean estas productivas, industriales o comerciales, mientras que los representantes del sector privado en el Consejo Asesor serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta directa de las entidades gremiales más representativas del sector vitivinícola.  

Las relaciones del “Banco de Vinos” con terceros se regirán por el derecho privado en el marco  del  funcionamiento  del  Fideicomiso  de  Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola, administrado por Mendoza Fiduciaria S.A.. 

De igual forma, dispone que podrá destinar recursos para mantener los stocks vínicos dentro de la banda que  establezca  el Programa de Control de Stocks Vínicos y a las siguientes acciones: 

 -Remunerar con un estímulo financiero a los tenedores de vino que decidan autobloquear  sus caldos vínicos  por  el  monto  y  el  periodo  que  se  definan  en  el Programa trimestral, siempre que se  alcance  el  nivel  de  stock  vínico  objetivo  del Programa, nivel que será determinado por la Dirección Ejecutiva. No incluyen los Vinos de Guarda conforme lo establezca la reglamentación. 

– Producir  la  liberación  de  los  vinos  autobloqueados  cuando  así  lo  requiera  el Programa trimestral,  en  los  periodos  de  escasez  de  vinos  y  otros  productos vitivinícolas. 

-Apoyar la exportación y/o la destilación de los vinos auto bloqueados cuando lo requiera el Programa trimestral,  en  los  periodos  de  excedentes  vínicos,  con  el objetivo de descomprimir el mercado de traslado. 

Finalmente, encomienda al Ministerio de Economía y Energía que efectúe las gestiones para que los volúmenes de vinos autobloqueados por los tenedores de vino ante el Banco de Vinos, puedan eventualmente ser computados por los establecimientos vitivinícolas como un mecanismo de diversificación para cumplimentar con el Acuerdo Interprovincial Mendoza- San Juan, según lo establecen las Leyes Provinciales 6216 y 9061, en cuyo caso los beneficiarios deberán sujetarse, en la elaboración respectiva y por tales volúmenes, al Reglamento Crédito Fiscal Compensatorio por Inmovilización de Vinos destinados a Exportaciones futuras. 

Con esta Ley, se completa el paquete de herramientas enviadas por el gobierno provincial para reactivar la economía, el que está integrado además, por la Ley de empleabilidad y Mendoza Activa.

Durante el tratamiento en el recinto, José Orts (UCR), valoró “el acuerdo y los consensos que se obtuvieron en el Senado, acuerdos que son  necesarios en estos tiempos. Este es un proyecto de gran importancia para la vitivinicultura, es un complemento del acuerdo Mendoza-San Juan cuyo objetivo fue apoyar la diversificación,  para  encontrar mayor equilibrio y  precios justos”.

“Estamos hablando de una política de Estado que viene a dar sostenibilidad y previsibilidad a una industria que es de mucha especulación y los pequeños productores y las pequeñas bodegas trasladistas son los más perjudicados dentro de este marco. Hay que trabajar para buscar consensos para esta industria. Esta herramienta permitirá controlar  los sobre stock vínicos  y técnicos. Les está diciendo a los formadores de precios que no podrán poner más  de rodillas al pequeño productor, que dejarán de ser rehenes de los generadores de precios.  Es el Estado el que va a intervenir para poder dar estabilidad a los precios cuando hay excedentes”.

De igual forma, Jorge López, titular del Interbloque Cambia Mendoza, dijo que “estamos ante una  de las tres leyes económicas que envió el Ejecutivo. Entiendo que tal vez hay discusiones que aun no están zanjadas pero lo cierto es que la practica nos lleva a la necesidad de proteger al pequeño productor y a la industria vitivinícola”.

“Esto implica que va a haber una institución en Mendoza que va a estar disponible para garantizar a los pequeños productores el respaldo y la defensa del valor de su producción, a un precio razonable. Esta institución no generará nuevos nombramientos y estructuras, que generen gastos al Estado. Por lo tanto, creemos que es muy positiva la sanción de esta ley, sabemos que no es la solución definitiva, que  hay que incorporar nueva tecnología. Pero no podemos vivir de utopías, debemos llegar con soluciones reales”. 

Guillermo Mosso (PD), en tanto, manifestó su voto afirmativo aunque consideró que “como herramienta le está faltando un horizonte temporal. No tiene plazo de salida, plazo de duración. Probablemente en la reglamentación será aclarado”.

Gustavo Cairo (PRO), expresó su apoyo a este proyecto “habida cuenta que el bloqueo de vinos es voluntario y no compulsivo, que era una preocupación de algunos productores. Por otra parte a muchos productores primarios les sirve tener una regulación sobre el precio del vino. Claro que para mejorar los precios a largo plazo hay que abrir los mercados internacionales. Hay que abrir mercados para que Mendoza pueda competir en igualdad de condiciones con Chile, por ejemplo”.

Del mismo modo, José María Videla (FR), resaltó que “desde ya apoyaremos este proyecto, porque es sumamente importante para darle respaldo a los pequeños productores que necesitan la intervención del gobierno”. “Necesitamos facilitar que los productores puedan poner valor agregado a su producto y en ese sentido, insto a los legisladores nacionales para que trabajen para proteger a nuestros pequeños productores”.

Desde Protectora Línea Fundadora, Mario Vadillo expuso que “apoyamos los proyectos que tienen que ver con la emergencia que vive el país. El Banco de Vinos puede ser una gran herramienta si ayuda a los pequeños productores y pequeñas bodegas”.

Por su parte, Marisa Garnica (FdT-PJ), sostuvo que  “compartimos que la vitivinicultura es la industria madre a la que hay que acompañar. Pero hay asimetrías” respecto a otras actividades.  De igual forma, Germán Gómez, presidente de esa bancada, subrayó que “en el mercado del vino no hay competencia perfecta y es donde el Estado tiene que intervenir. En los últimos años  se perdieron en el sector muchos puestos de trabajo genuino. Quizá esta Ley es un paliativo. La realidad mostrará si esta Ley sirve o no sirve”.

A su turno, Mailé Rodríguez (FIT), anticipó el voto negativo de su bancada al indicar que “esta ley hubiese sido una buena herramienta si realmente se pudiera controlar a los grandes bodegueros  que siguieron ganando a pesar de la pandemia. Nosotros no acompañamos porque nos genera varias dudas”.

También Mercedes Llano (PD),  adelantó su voto negativo, manifestando que “no pongo en tela de juicio la buena fe que tiene el gobierno de la provincia con este proyecto, pero desde nuestro partido no estamos de acuerdo con el rol que el  Estado debe tener  en la economía. Para nosotros, como liberales, el Estado debe defender las libertades individuales y brindar los servicios esenciales, no intervenir en la economía. No estamos por lo tanto de acuerdo porque profundiza la omnipresencia del Estado”.

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